Perfil 5: Prestación por Hijo a cargo:

 

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menores a cargo modificada según cuantía

A/A: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE ……(PROVINCIA)

DON/A ___________________________________________________________________, con documento de identidad número __________________________________, número de afiliación a la Seguridad Social _______________________________________________fecha de nacimiento________________________; de nacionalidad _____________________, con domicilio en la calle _________________________________________________________________________________, de la ciudad de _____________________________________________, código postal ___________, provincia de _____________,

DIGO: 1.- Que soy perceptor/a de un una prestación no contributiva por hijo a cargo de _____ euros mensuales, en virtud de resolución de fecha ______________ en el expediente número ___________________________ .

2.- El importe de esta prestación y los ingresos con los que cuenta mi unidad familiar, son inferiores al umbral de pobreza estimado para mi familia.

3.- Que la prestación que percibo es insuficiente para mantener el nivel de vida digna y segura para el/la menor, toda vez que no es adecuado para evitar el riesgo de pobreza y vulnerabilidad del mismo, y por ello incumple con la legalidad internacional vigente de carácter obligatorio en el estado español. En concreto viola el artículo 13.1 de la Carta Social Europea suscrita por España y ratificada el 29 de abril de 1980 (BOE, 26 junio y 11 agosto), así como sus protocolos de 1988 y de 1991.

4.- El artículo referido obliga a los Estados a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado. Dicho artículo es de obligado cumplimiento a tenor de los arts. 9, 10, y 91 de la CE y su contenido mínimo se concreta conforme a la interpretación auténtica del mismo que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales previsto en la propia Carta Social Europea.

5.- De conformidad con las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014 por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas incumple el art 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión europea (EUROSTAT para España en 663,41 por persona/mes, así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad). Unas prestaciones, como es el caso, que perpetúan la situación de pobreza y exclusión, no alcanzan el estándar mínimo exigible respecto de la protección de los derechos humanos sociales y viola un derecho subjetivo que me corresponde, al ser derecho interno dicha norma a tenor del art. 96.1 de la propia Constitución. No podemos dejar de recordar que el propio art 13.1 de la Carta Social impone estas obligaciones a los estados “especialmente vía de prestaciones de un régimen de seguridad social”, por lo que no cabe desentenderse del problema por ser de competencia de las Comunidades Autónomas la asistencia social.

6.- Dicho incumplimiento es, si cabe, mucho más grave en el presente caso, prestaciones referidas a menores y/o dependientes a cargo, por cuanto que se trata de prestaciones tendentes a asegurar la seguridad personal y económica de un menor o discapacitado, especialmente protegida por la ley, tanto por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuyos arts 2 y 4 exigen e imponen a las autoridades públicas la adopción inmediata de las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos recogidos en dicha Carta; cuyo art. 6 obliga al Estado a garantizar la supervivencia y desarrollo de los niños, y cuyo art 18 establece la responsabilidad de los padres de ejercer la crianza de sus hijos y el deber del estado de brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.

7.- Todo este elenco de derechos y deberes es materia de orden público e imponen obligaciones y límites a la actuación de los poderes públicos, dado que dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE). La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, en la que se determina, entre otros aspectos, que «todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» y que «…una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (parte III.26 y 27). El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5). El propio TS, abriendo su doctrina jurisprudencial al garantismo estricto,ha declarado en la sentencia de la Sala de lo civil de 18 de abril de 2016 (Ref. Id Cendoj 28079110012016100179) que en situaciones de precariedad absoluta de las familiar ” … en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se recogen en las sentencias citadas, debiendo ser las Administraciones públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos”. La interpretación efectuada de la Carta Social Europea, ya sea la originaria de Turín o la Revisada de Niza, indistintamente, es jurisprudencia invocable ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales, como ha sido reconocido en diversos pronunciamientos jurisdiccionales, como por ejemplo ya ha sucedido en sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Barcelona, de 19 de noviembre de 2013, la del juzgado de lo social 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014, o la sentencia del Juzgado de lo social 9 de las Palmas de Gran Canaria, de 31 de marzo de 2015, todas ellas referidas a la vigencia y aplicabilidad directa de la Carta Social europea.

8.- En tales circunstancias, entiendo que la prestación que percibo incumple con los estándares mínimos exigibles desde la perspectiva garantista que refiero y, a su vez, incumple las exigencias y contenido mínimo del derecho consagrado en el art. 13.1 de la Referida Carta Social Europea y demás legislación internacional aplicable al caso, por lo que la norma que da cobertura a dicha prestación deviene insuficiente y contraria a derecho, debiendo la administración proporcionarme una prestación mínima por hijo a cargo de 199 euros por cada uno de mis hijos, según el propio parámetro de 0,3 de la Escala de la OCDE modificada PARA LOS MENORES DE 14 AÑOS, o de 0,5 en el caso de ser mayor de 14 por 331,75 euros al mes, o la cuantía a diferencia de mis ingresos que permitiera que mis hijos no estuvieran por debajo de este umbral de pobreza.

9.- Así mismo, cumple el efecto retroactivo del nuevo señalamiento, con efectos desde la concesión de la prestación, toda vez que estamos hablando del incumplimiento por la legislación española de los mínimos exigibles de un derecho subjetivo de carácter fundamental y entendido como un derecho humano, sin perjuicio de las acciones que me puedan corresponder por los daños y perjuicios ocasionados por la responsabilidad patrimonial del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales respecto de mi persona.

En su virtud SOLICITO se tenga por presentado este escrito y por efectuadas sus manifestaciones, y en méritos de todo ello, se acuerde la revisión de la cuantía que percibo en concepto de prestación por hijo a cargo, por situarse por debajo del umbral de la pobreza, y el señalamiento de una prestación de (aquí habría que calcular la diferencia entre los ingresos que cada unidad familiar tenga y lo correspondiente a 663 para primer adulto, 335,75 para el segundo y siguientes y 199 para los miembros menores euros mensuales, con efectos retroactivos desde __de _________ de 201_, fecha en que me fue reconocido el derecho a la percepción de la misma. En __________________________________________________________ a __ de ___________ de 201_

 

 

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