AL JUZGADO DE LO SOCIAL

 

DON/DOÑA   ————————————————————————————, Procurador de los tribunales, con número de colegiado  ————-,  en nombre y representación de Don/Doña ——————————————————————, por designa del colegio de abogados de  ——————–, según acredito, bajo la dirección técnica del letrado del ilustre Colegio de ————————————–, D. —————————————————————–, como mejor proceda en derecho, DIGO:

 

Que por medio del presente escrito viene a interponer demanda en materia de PRESTACIONES frente a ————————————————————– con domicilio en ————————————————–,  demanda con base en los siguientes,

 

HECHOS

 

Con fecha –/–/—- insté a ———————————————- la solicitud de revisión de  —————————————————————– (contar la solicitud que se efectuó)

 

Aporto, como documento 1 copia de la referida solicitud
Segundo.- —————————————————————————————   (contar el resultado: si contestaron, y en ese caso copiamos el acuerdo adoptado, si hubo silencio, los recursos planteados por nosotros)

 

Aporto como documentos 2 a los acuerdos y recursos presentados.

 

Tercero.

 

La resolución de fecha –/–/—-, notificada en fecha –/–/—- a esta parte, dice, literalmente

 

“(el resultado)” (Caso de denegación expresa)

 

 

La misma, aún cuando no adopta, como se dirá, la forma de resolución administrativa, contiene una motivación denegatoria e implica en realidad la denegación del derecho interesado y la imposibilidad de proseguir el proceso, denegando mi petición y poniendo fin a la vía administrativa, lo que faculta a esta parte para la interposición de la  presente demanda.

 

Acompaño como documento ——– el acto que se impugna (Caso de silencio).

 

La administración no ha tenido a bien contestar en plazo a las reclamaciones antedichas, por lo que asistimos a un supuesto de silencio negativo que, cumplidos los plazos legales establecidos en el art 46.1 de la LJCA.

 

En todo caso se recuerda que la sentencia del Pleno del Tribubal Constitucional de 10 de abril de 2014 ha fijado la doctrina de que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que lo contrario implicaría una vulneración palmaria del derecho de acceso a la justicia del art. 24 d ela CE.

 

Cuarto.- He efectuado la reclamación previa a la vía social, conforme acredito con el documento número ——————, (habiendo recibido la comunicación que acompaño como documento ———–; o no habiendo recibido en el legal plazo contestación alguna.

 

Quinto.- En la actualidad soy perceptor de una prestación ————————————-por importe de —————————- euros/mes.

 

Mis circunstancias personales y sociales son:

 

  • ————————————–
  • ————————————–
  • ————————————–

 

Sexto.- De conformidad con la Carta Social europea, conforme desarrollaré en el apartado de derecho de esta demanda, ninguna persona debe quedar desprotegida dentro de los estados signatarios de dicha carta y sin una asistencia  suficiente, lo que implica un nivel de protección social suficiente, por medio de prestaciones adecuadas, para evitar que se sitúe bajo el umbral de la pobreza.

 

Habida cuenta que, como se dirá, la renta media que aplica la jurisprudencia emanada de la Carta Social Europea, se sitúa en la cantidad de xxx euros para España, la prestación que percibo, inferior en ————- euros, incumple los mandatos de este tratado e inaplica el mismo, lo que además contraviene, como se dirá, el art. 29 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que dispone que todos los poderes públicos y organismos del estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor de los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.

 

Por tanto, la prestación que percibo (o la denegación de prestaciones que me impone la administración española competente) se sitúa por debajo de dicho umbral, lo que supone una flagrante conculcación de mis derechos y me obliga a vivir por debajo del umbral de la pobreza.

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

I.

Competencia

 

Los artículos 1, El artículo 2, o/y b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en virtud del cual es competente para conocer de la presente demanda el Juzgado al que nos dirigimos.

II.

Legitimación

 

El artículo 16 y 17 y 21 respecto a la legitimación activa de mi principal, ostentando la pasiva la administración recurrida

 

III.-

Postulación y defensa

Acude esta parte representada por procurador y defendida por letrado de oficio con arreglo al art 18 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

 

IV

Se cumplen en la presente demanda los requisitos del artículo 80 de la LRJS.

 

V

Fondo

 

PRIMERO. Se advierte al juzgador que la presente demanda, individual y en reclamación de los derechos de mi principal desconocidos por la administración, se articula dentro de una campaña colectiva promovida por diversos grupos sociales, con la que se reivindica el cumplimiento del derecho consagrado en la Carta Social Europea a unas condiciones de vida dignas y acordes a dicha carta, y ante la inacción de las autoridades españolas en la transposición al ordenamiento de las prescripciones de ésta.

 

En efecto, la inacción del gobierno es tal que, aun cuando está firmada y ratificada la Carta Social Europa por España por resolución de 29 de abril de 1980 (BOE, 26 junio y 11 agosto), así como sus protocolos de 1988 y de 1991, no ha transpuesto sus consecuencias a nuestro orden.

 

También ha firmado el 3 de mayo de 1995 la Carta Social Europea Revisada pero pendiente aún de ratificación, ducha ratificación es un mero acto formal que ya cuenta con el propio informe, en sentido favorable, el Consejo de Estado  (expediente 1740/2000 de 11 de mayo de 2000), paralización de este trámite formal por más de dos legislaturas sin ninguna razón para ello y con las críticas más que fundadas tanto del Parlamento Europeo, como del propio Consejo Económico y Social, la misma Comisión europea, la doctrina científica, la práctica totalidad de las organizaciones sociales y ONGS y, en fin, los diferentes organismos competentes en la materia.

 

Consecuencia de este mal gobierno, las prestaciones contributivas y no contributivas de ámbito estatal no se corresponden con los stands exigidos por la Carta Social Europea y, por ello, no cumplen con los niveles de protección a que España se ha comprometido y que, como diremos más adelante, son de carácter imperativo y obligado cumplimiento por la directa aplicación de la referida Carta Social Europea como derecho positivo en nuestro ordenamiento.

 

Fruto de esta práctica gubernamental, también las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia específica, incumplen, como diremos, la legislación

 

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa la prestación reconocida a mi principal y que la administración se niega a revisar, es de ———– euros, es decir, por debajo de los ———— euros mensuales en que el derecho europeo cuya aplicabilidad directa reivindicamos, sitúa el mínimo admisible.

 

TERCERO.-  La administración recurrida mantiene que al señalar el subsidio que percibe mi principal, y con ello denegar el que reclama, se ajusta a la legalidad y a los presupuestos que maneja; pero al hacerlo desconoce el carácter obligatorio que despliega la propia carta social europea y sus protocolos en nuestro ordenamiento, y obvia la obligación constitucional de remover los obstáculos a la efectividad de los derechos humanos consagrada en los Arts. 9 y 10 de la propia CE.

 

También incumple con ello el art. 103 de la Constitución que dispone que la administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, en relación con los artículos 29 a 31 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
A tenor del referido artículo 29

 

Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.

 

Y el artículo 30

  1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
  2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución de un tratado internacional.
  3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que España sea parte en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias.

 

Y el 31

 

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional.

 

Del mismo modo, la administración, con su negativa a resolver, como debe, esta pretensión activada por mi principal, desoye que por aplicación del art. 148.1.20 de la Constitución, la competencia en materia de servicios sociales, lo que incluye la ayuda a que tengo derecho, le corresponde a la propia administración recurrida y que con arreglo a la ley —————————————– (citar la ley de ámbito comunitario correspondiente).

 

Podría darse el caso de que la administración recurrida, al final de este proceso, deba responder además por responsabilidad patrimonial del Estado por su obstruccionista y dañosa actuación.

 

CUARTO.-  Para la fijación de la prestación que percibo, la administración utiliza como baremo de cálculo el indicador público de efectos múltiples (IPREM) que el gobierno determina en los correspondientes presupuestos generales del Estado, toda vez que la norma sectorial de la comunidad autónoma en cuya virtud percibo esta prestación fija su cuantía con referencia a ésta.

 

Debe destacarse que el IPREM estatal y el índice aplicado en la comunidad autónomas desoyen el índice referente y aplicable conforme a la Carta Social Europea, como más adelante analizaré.

 

QUINTO–  Obligatoriedad directa de la Carta Social Europea en el derecho español.

 

La Carta Social Europea, y sus protocolos adicionales de 1988 y de 1991, son derecho de obligado cumplimiento en España, toda vez que están aprobadas y ratificadas por España.

 

La carta social europea fue ratificada en 1890, conforme aparece en el instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 142, de 13 de junio de 1980; mientras que los protocolos fueron ratificados por BOE de 24 de enero de 2000.

 

Por tanto, los derechos y deberes establecidos en las mismas constituyen materia de orden público e imponen obligaciones y límites a la actuación de los poderes públicos, dado que dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE). Más aún, por el criterio de jerarquía normativa dispuesto en el art 9 de la CE, su rango está por encima de las leyes ordinarias y de las comunitarias.

 

Pero además, la Carta revisada ha sido igualmente signada y firmada por España (y como veremos esta firma, aún a pesar de la falta formal de su ratificación) la convierte a su vez tanto en criterio interpretativo como en norma invocable ante los tribunales.

 

Al respecto de la obligatoriedad de los tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, (BOE» núm. 142, de 13 de junio de 1980) igualmente aprobada por España y ratificada y publicada en el BOE determina, entre otros aspectos, que

 

«todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» (Parte III, Art. 26)

 

Y

 

…una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (parte III. Art. 27).

 

 

Recordemos que por mor del artículo 96 de la Constitución española, nuestro sistema adopta un modelo de recepción directa e inmediata de los tratados válidamente firmados y ratificados por España, tesis que venía ya establecida por el Consejo de Estado en dictámenes de 28 de septiembre de 1958 y 3 de julio de 2970, y admitida por la jurisdicción ordinaria de forma pacífica (sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de septiembre de 1982, 19 de mayo de 1983,  30 de Abril de 1986 y 22 de mayo de 1988) y por el Tribunal Constitucional, Sentencia 38/91 de 23 de noviembre de 1981, entre otras).

 

También el Código Civil, con vocación extensiva para todo el ordenamiento, en su artículo 1.5 impone esta obligatoriedad.

 

A su vez, la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, como se ha dicho, en su artículo 31, dispone que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional que consagran derechos fundamentales que puedan verse limitados por los mismos.

 

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).

 

Más aún, incluso los tratados signados por España y no publicados formalmente, también pueden ser acogidos por los tribunales cuando dichos tratados no afectan negativamente a los derechos fundamentales de las personas y no les imponen cargas, y son conocidos por otros medios (RAMIRO BROTONS, A. “Derecho internacional público 2. Derecho de tratados. Tecnos 1987, pág. 267-269), dándose el caso en la práctica de aplicación de tratados no publicados oficialmente mientras dichas normas convencionales no supusieran cargas a los cuidadanos (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de marzo de 1985; sentencia del TC 292/2005 de 10 de noviembre y 328/2005 de 12 de diciembre). Lo mismo por la referencia implícita que realiza el art. 15 de la citada ley de tratados.

 

SEXTO.- Alcance del art 13 de la Carta Social Europea y renta básica

 

De conformidad con el la Carta Social Europea (BOE núm. 153, de 26 de junio de 1980, páginas 14533 a 14540), y sus artículos 12 y 13, son derechos subjetivos de las personas el de contar con el nivel suficiente de protección para obtener una asistencia adecuada.

 

La norma, de obligado cumplimiento y aplicación directa y preferente ante nuestros tribunales, dice así

 

Articulo 12

 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes Contratantes se comprometen:

  1. A establecer o mantener un régimen de seguridad social
  2. A mantener el régimen de seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Convenio internacional del trabajo (número 102) sobre normas mínimas de seguridad social.
  3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social.
  • A adoptar medidas, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales, o por otros medios, sin perjuicio de las condiciones establecidas en esos acuerdos, encaminadas a conseguir:

 

  1. a) La igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las Partes Contratantes y los de las demás Partes en lo relativo a los derechos de seguridad social, incluida la conservación de las ventajas concedidas por las leyes de seguridad social, sean cuales fueren los desplazamientos que las personas protegidas pudieren efectuar entre los territorios de las Partes Contratantes.
  2. b) La concesión, mantenimiento y restablecimiento de los derechos de seguridad social, por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o ‘de empleo completados de conformidad con la legislación de cada una de las Partes Contratantes.

 

Artículo 13

 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y médica, las Partes Contratantes se comprometen:

  1. A velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.
  2. A velar por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna en sus derechos politices y sociales.
  3. A disponer lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar.
  4. Aplicar las disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, en condiciones de igualdad con sus nacionales, a los de las restantes Partes Contratantes que se encuentren legalmente en su territorio, conforme a las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica, firmado en París el 11 de diciembre de 1953.

 

El alcance de este derecho debe ser interpretado a la luz de la doctrina emanada por el Comité Europeo de derechos Sociales (el Comité), por cuanto que la propia Carta Social Europea refiere a éste dicha competencia (art. 20 referido a la vinculación).

La vinculación de los tribunales españoles a la jurisprudencia adoptada por el Comité viene, además, reconocida por diversos juzgados españoles, fundamentalmente de la jurisdicción de lo social, como son la sentencia del juzgado de lo social nº 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2013, del juzgado de lo social 1 de Tarragona de 1 de abril de 2014, del juzgado de lo social 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014, del juzgado de lo social 19 de Barcelona de 17 de noviembre de 2014, del juzgado de lo social 1 de Toledo de 27 de noviembre de 2014 o del juzgado de lo social 31 de Barcelona de 8 de junio de 2015.

 

También el voto particular de los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré doña Adela Asua Batarrita y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, a la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2014, de 16 de julio, el cual analiza la aplicabilidad de una norma nacional europea a la luz de la doctrina emanada por el Comité y expone

 

  1. b) En el ámbito internacional europeo, la Carta Social Europea (CSE) de 1961, en su versión revisada de 1996, consagra expresamente “el derecho a la protección en caso de despido” (art. 24), derecho éste en el que se incluye el “no ser despedido sin causa justa relacionada con su capacidad o su conducta, o basado en la necesidad operativa de la empresa establecimiento o servicio”, así como el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justa a una “indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. A fin de asegurar la efectiva puesta en funcionamiento de este conjunto de derechos, las partes se comprometen a garantizar que todo trabajador que haya sido objeto de un despido sin “causa justa pueda recurrir esta medida ante un órgano imparcial”. Al margen de todo ello, el art. 4.4 de este mismo texto compromete a las partes firmantes a reconocer el derecho “de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”.

En relación con este conjunto de declaraciones, resulta pertinente recordar que el Gobierno griego, aplicando lo acordado en el memorandum de su rescate financiero, introdujo un período de prueba de un año de duración en unos nuevos contratos de trabajo. Promovida por diferentes sindicatos griegos la oportuna queja contra esta medida normativa, el Comité Europeo de Derechos Sociales entendió por unanimidad que el período de prueba de un año se opone al art. 4.4 de la CSE, razonando del modo siguiente: “Si bien es legítimo establecer períodos de prueba …, el concepto no debería ser tan amplio y su duración tan prolongada (a fin de evitar) que las garantías relativas a la notificación y el pago de una indemnización por despido se convirtieran en ineficaces. (La legislación griega) no ha previsto que haya un período de notificación ni pago de indemnización alguna en el caso de que un contrato de trabajo, que es calificado como permanente por la ley, sea extinguido durante el período de prueba de un año establecido en la misma” [Resolution CM/ResChS (2013) 2].

 

En cuanto al contenido del derecho de protección, la docrina del Comité afirma que

 

Le Comité considère que l’assistance est appropriée quand le montant mensuel des prestations d’assistance – de base et/ou supplémentaires – versé à une personne vivant seule n’est manifestement pas inférieur au seuil de pauvreté au sens défini ci-dessus. (Conclusions 2004, Lituanie, p. 394)

 

Pour procéder à cette évaluation, le Comité prend également en considération le niveau de l’assistance médicale.

 

L’assistance sociale doit être octroyée tant que dure la situation de besoin. Sous réserve de la participation à une formation ou de l’acceptation d’un emploi (voir supra), le droit à l’assistance sociale doit être exclusivement subordonné au critère de nécessité et la disposition de ressources suffisantes doit être le seul critère permettant de refuser, suspendre ou réduire l’assistance. (Conclusions XVIII-1, Espagne, p. 765)

 

Y

 

Le droit garanti par l’article 13§1 impose «une obligation pour les [Etats] dont le respect peut être réclamé devant les tribunaux» Conclusions I, Observation interprétative de l’article 13, p. 64.

 

En cuanto a la jurisprudencia específica del Consejo, que recibe el nombre en el lenguaje del propio tratado de “informe” puede ser consultada en la web del propio consejo de Europa http://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/case-law

 

Alcance específico en el caso de España

 

Con arreglo a la específica normativa contemplada en la Carta Social Europea, España había presentado en octubre de 2012 el preceptivo informe sobre los derechos del ámbito de la salud y la protección social (artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la CSE y art. 4 del Protocolo), que el Comité ha revisado a lo largo de 2013.

 

Las conclusiones del Comité respecto de estos artículos se dieron a conocer el pasado 28 de enero mediante su informe preceptivo, de carácter vinculante para España, donde, entre otras irregularidades, analiza el contenido de los artículos 12 y 13.1 de la Carta por parte de las legislaciones, nacional y autonómicas, españolas.

 

Así, el Comité detecta una violación del compromiso de España de “establecer o mantener un sistema de seguridad social” (art. 12.1) no porque dicho sistema no exista, sino porque sus prestaciones son, en muchos aspectos, “manifiestamente inadecuadas”. Se refiere sobre todo a las prestaciones por enfermedad y a la prestación por desempleo, mientras que valora positivamente el nivel de las pensiones mínimas contributivas.

También y fuera del marco de la Seguridad Social se critica duramente las prestaciones sociales que se perciben en España. Conforme al art. 13.1 de la CSE, los Estados parte se comprometen a velar “porque toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado”.

 

Con arreglo a las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014  por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas, ya sea consecuencia de prestaciones contributivas o no contributivas y de mera asiste4ncia social, incumplen con lo preceptuado en los Arts. 12 y 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión europea (EUROSTAT para España en 663,41€ por persona/, así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).

 

Se aporta como documento —– el dictamen referido.

 

Por tanto, y dada la directa aplicabilidad de este tratado, en el marco del derecho español, y por aplicación directa y superior (art. 9 y 10 CE) respecto a las normas sectoriales y específicas, el régimen de prestaciones que sitúan manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza definido para España en 663,41€ mensuales, lo que lleva, necesariamente, al reconocimiento del derecho interesado por mi principal.

 

El Tratado y el derecho de la Unión

 

Pero, junto con este carácter vinculante directo de la legislación y de la jurisdicción de los juzgados nacionales competentes a la doctrina del Comité, resulta que, como pasamos a desarrollar, esta Carta forma parte del contenido esencial del derecho de la Unión Europea y, por mor de la legislación europea, debe ser directamente aplicada por los estados nacionales.

 

Efectivamente, que se encuentra también incorporado al propio derecho de la Unión Europea y como tal formaría parte de su cuerpo de derechos propios y aplicables erga omnes (lo que, dicho sea de paso, permitiría la sustanciación de una cuestión prejudicial al propio tribunal de Luxemburgo por parte del juzgador para que dicho tribunal aclare el alcance en el derecho nacional de la aplicación de dicho artículo de la Carta Social Europea) se infiere del Art. 6.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/49, versión española de 30.3.2016) que la establece entre sus fuentes de derecho.

 

Del mismo modo, este carácter interpretativo vinculante es el que hace que, con arreglo al artículo 51 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, la política social de la Unión se tenga que desarrollar “teniendo presientes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea”, lo que ofrece una vía de incorporación al derecho de la Unión y, como ha explicado el propio Comité (Decisiones de 23/6/2010, Reclamaciones Colectivas 55/2009 y 56/2009)

 

Aunque no es de la competencia del Comité Europeo de Derechos Sociales la de pronunciarse sobre la conformidad con la Carta del derecho de la Unión, o de la conformidad de una medida nacional con una Directiva europea, cuando los Estados Miembros de la Unión acuerdan medidas obligatorias bajo la forma de Directivas, tienen que tener en cuenta las obligaciones asumidas al ratificar la Carta, tanto en la preparación de la Directiva como en su transposición en el ordenamiento nacional” (Comité Europeo de Derechos Sociales, Decisiones de 23/6/2010, Reclamaciones Colectivas 55/2009 y 56/2009, CGT contra Francia y Confédération française de l’encadrement CFE-CGC contra Francia)

 

Por eso el propio Tribunal Europeo de Estrasburgo interpreta los derechos humanos de contenido social desde la interpretación de la Carta Social que realiza el referido Comité.

 

Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza también la Carta, no sólo para afirmar que los derechos sociales fundamentales vinculan a la Unión, sino también como parámetro de interpretación, aunque no de manera aislada, como por ejemplo en la sentencia Impact, para justificar una interpretación extensiva de la noción de condiciones de trabajo de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio 1999)

 

Esta jurisprudencia “Impact”, con referencia expresa a la Carta Social Europea como parámetro de interpretación, fue reiterada respecto de la interpretación de la noción de condiciones de trabajo en la Directiva 91/81/EC sobre el Acuerdo Marco sobre trabajo a tiempo parcial (STJUE de 10 de Junio de 2010, Casos C-395/08 y 396/08; INPS y Tiziana-). Igualmente en su pronunciamiento sobre los permisos de maternidad acordados por la Directiva 92/85 (STJUE de 20 de septiembre de 2007, Caso C-116/06; Kiiski- )

 

La jurisprudencia del Tribunal de DDHH de estrasburgo permite usar esta via reservada a los derechos civiles y políticos para la aplicación del propio derecho emanado por la Carta Social Europea y la jurisprudencia emanada de su Comité, cuando una ley y/o un derecho existente no se aplica, equiparandolo a una negación del derecho a una “justicia justa” Articulo 6. Los remedios legales (leyes, recursos, etc…) deben ser efectivos y no ilusorios” lo que admite la reivindicación de los mismos ante el referido tribunal europeo (https://www.escr-net.org/es/caselaw/2006/airey-v-ireland-32-eur-ct-hr-ser-1979-1979-2-ehrr-305-esp).

 

Esta doctrina ha sido citada frecuentemente como precedente para demostrar que existen dimensiones relacionadas con los derechos económicos y sociales dentro de los derechos civiles y políticos, y que los Estados pueden tener obligaciones positivas respecto de los derechos civiles y políticos. Asimismo, el caso constituye un precedente importante para argumentar que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un elemento integral de los derechos humanos

 

SEPTIMO.- Consiguientemente, y dado que mi nivel de rentas está por debajo de este umbral, y considerando que es la Comunidad Autónoma la competente para garantizar la protección y asistencia social de los ciudadanos, entiendo que es obligación exigible a dicha administración la de complementar la prestación que percibo, hasta el umbral de la pobreza, y aun cuando dicha obligación no la tenga prevista la Comunidad Autónoma en su propia legislación.

 

Dado que la normativa actual relativa a estas prestaciones me excluye de dicho derecho, directo y exigible inmediatamente por ser un derecho humano, debe entenderse que dicha legislación incumple la legalidad internacional y debe ser, en su caso, reformada; con independencia del acceso a la prestación que reivindico hasta el límite referido.

 

OCTAVO.- De la aplicación de la doctrina legal expuesta se deduce la razón de la reclamación que mi principal postula y, como no puede ser menos, su procedibilidad en el ordenamiento español por aplicación directa de la Carta Social Europea y sus exigencias de contenido esencial, que garantizan a los ciudadanos en el ámbito del derecho europeo y de los países que han aprobado dicho convenio, un nivel de protección, concretado en prestaciones mínimas, que garantice la superación del umbral de la pobreza en cada país, lo que las sitúa en el marco español en la cuantía de 663,41 euros por persona y mes.

 

Consiguientemente, la legislación española que las sitúa, sean de la naturaleza contributiva o no contributiva, de la seguridad social o asistenciales, por debajo de ese umbral, resulta contraria a la Carta Social Europea, no conforme al derecho europeo, debe declararse la eficaz aplicación directa de dicho mínimo exigido, con revocación del acto que impugno y reconocimiento de los atrasos que me corresponden.

Y por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por formulada demanda en materia de revisión de prestaciones de la seguridad social contra la resolución de ————————————————————————————– y previos los trámites que procedan, dicte sentencia por la que se condene a la administración a recalcular la prestación que percibo al mínimo mensual de 663,41 euros establecido por la directa vigencia de la Carta Social Europea, con abono de los atrasos e intereses legales, por ser de justicia que pido en

 

Descarga aquí el modelo en .pdf:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL

 

 

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