PERFIL 8: PERSONAS SIN NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN

 

Es conveniente señalar que el paso previo para presentar este modelo de reclamación es haber solicitado en los Servicios Sociales de cada CCAA la renta mínima correspondiente en cada territorio y tenerla denegada o agotada, o bien estar en posesión de algún documento que acredite que la persona no tiene ninguna prestación concedida, así como las razones que justifiquen la denegación de tal concesión por parte de la Administración Pública.

 

 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (O EL ÓRGANO COMPETENTE EN CADA COMUNIDAD AUTONOMA)

 

DON/A __________________________________, con documento de identidad número ______________, número de afiliación a la Seguridad Social ______________fecha de nacimiento___________; de nacionalidad ______________, con domicilio en la calle ___________________________, de la ciudad de _____________, código postal ___________, provincia de _____________, DIGO:

 

1.- Que no percibo prestación ni renta de ningún género y me encuentro en la más absoluta pobreza y desprotección y desatención social.

 

2.-  Que tal situación es intolerable desde el punto de vista del derecho europeo, ya que hace que, por la ausencia de leyes justas y adecuadas en el ámbito de las competencias de esta administración, se tolere la existencia de ciudadanos sin ingresos ni rentas y en situación de extrema vulnerabilidad, sin que se me garantice por tanto un nivel de vida digna y segura que garantiza la Carta Social Europea,  toda vez que no es adecuado para evitar el riesgo de pobreza y vulnerabilidad del mismo, y por ello incumple con la legalidad internacional vigente de carácter obligatorio en el estado español.

 

En concreto viola el artículo 13.1 de la Carta Social Europea suscrita por España y ratificada el 29 de abril de 1980 (BOE, 26 junio y 11 agosto), así como sus protocolos de 1988 y de 1991.

 

4.- El artículo referido obliga a los Estados a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.

 

Dicho artículo es de obligado cumplimiento a tenor de los arts. 9, 10, y 91 de la CE y su contenido mínimo se concreta conforme a la interpretación auténtica del mismo que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales previsto en la propia Carta Social Europea.

 

5.- De conformidad con las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014  por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas incumple el art 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión europea (EUROSTAT para España en 663,41     € por persona/mes), así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).

 

Unas prestaciones, como es el caso, que perpetúan la situación de pobreza y exclusión, no alcanzan el estándar mínimo exigible respecto de la protección de los derechos humanos sociales y viola un derecho subjetivo que me corresponde, al ser derecho interno dicha norma a tenor del art. 96.1 de la propia Constitución.

 

No podemos dejar de recordar que el propio art 13.1 de la Carta Social impone estas obligaciones a los estados “especialmente vía de prestaciones de un régimen de seguridad social”, por lo que no cabe desentenderse del problema por ser de competencia de las Comunidades Autónomas la asistencia social.

 

6.- Todo este elenco de derechos y deberes es materia de orden público e imponen obligaciones y límites a la actuación de los poderes públicos, dado que dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE).

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, en la que se determina, entre otros aspectos, que «todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» y que «…una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (parte III.26 y 27).

 

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).
El propio TS, abriendo su doctrina jurisprudencial al garantismo estricto, ha declarado en la sentencia  de la Sala de lo civil de 18 de abril de 2016 (Ref. Id Cendoj 28079110012016100179) que en situaciones de precariedad absoluta de las familias” … en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se recogen en las sentencias citadas, debiendo ser las Administraciones públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos”.

 

7.- La interpretación efectuada de la Carta Social Europea, ya sea la originaria de Turín o la Revisada de Niza, indistintamente, es jurisprudencia invocable ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales, como ha sido reconocido en diversos pronunciamientos jurisdiccionales, como por ejemplo ya ha sucedido en sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Barcelona, de 19 de noviembre de 2013, la del juzgado de lo social 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014, o la sentencia del Juzgado de lo social 9 de las Palmas de Gran Canaria, de 31 de marzo de 2015, todas ellas referidas a la vigencia y aplicabilidad directa de la Carta Social europea.

 

8.- En tales circunstancias, entiendo que la directa aplicación de esta legislación como motivo de orden público en nuestro derecho, obliga, ante el vacío legal existente, a que se determine una prestación de carácter mensual de 663,41 euros a mi favor, para garantizar los stands mínimos exigibles desde la perspectiva garantista que refiero.

 

 

En su virtud

 

SOLICITO se tenga por presentado este escrito y por efectuadas sus manifestaciones, y en méritos de todo ello, se acuerde determinar y asignarme una prestación mensual de 663,41 euros, para garantizar un nivel de vida digna y no situarme por debajo del umbral de la pobreza.

 

En ______________ a __  de ___________ de 201_

 

 

Descarga este modelo en .PDF aquí:

PERFIL8-renta minima a los que no tienen renta

 

 

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