Al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 


 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86 de 28 de Noviembre, el Grupo Municipal


presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la proposición sobre “La  adecuación de la Renta Mínima de Inserción a los requerimientos de la Carta Social Europea con la creación de una Renta Básica”.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En los últimos años la tasa de empleo de la población española se ha situado en los últimos puestos de Europa, siendo sólo superando por Grecia y Croacia, con una tasa del 56% respecto del 63% de la media europea, según datos de 2014 de Eurostat. A esto se añade unos empleos con salarios más bajos en aumento y con precarias condiciones impensables hasta hace muy poco tiempo, donde el hecho de tener un empleo no garantiza tener asegurados los derechos humanos más básicos: la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948).

 

El sistema de Seguridad Social, creado para garantizar estos derechos fundamentales y asegurar la subsistencia a los más desfavorecidos no está siendo capaz de proteger el bienestar de todas las personas.

 

Así en el caso de la infancia, según un informe de UNICEF de 2016, más de un tercio de los niños y niñas que residen en el estado español, vive en riesgo de pobreza o exclusión social, pero pese a ello, España es el país de la UE que menos porcentaje del PIB invierte a las prestaciones monetarias para familias e infancia (un 0,5%, menos de un tercio de la media europea). También es uno de los países con menos inversión en protección social a la infancia y sus familias, con el 1,4% del PIB, frente al 2,3% de la media comunitaria, el 3,7% de Dinamarca, el 3% de Irlanda o el 2,5% de Francia.

 

Dada la magnitud de este problema, los 48 millones de euros con los que está dotado el Fondo contra la Pobreza Infantil resultan muy escasos, ya que la inversión en políticas de infancia de las administraciones públicas por niño disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013.

El dato con carácter general de la población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Así, en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 (y teniendo en cuenta los ingresos de 2014) la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 22,1% de la población residente en España (una de cada cinco personas). La Encuesta recoge que, en 2015, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2014) se situó en 8.011 euros, un 0,6% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 16.823 euros.

 

El aumento de la pobreza es una de las profundas heridas que nos está dejando la larga crisis en nuestra sociedad. Según el informe del INE (del 23 de mayo del 2016),  casi tres de cada diez personas (28,6% de la población) se encuentran en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas. Según el mismo informe, el 6,4% de las personas admiten que sufren una carencia material y han padecido al menos 4 de estas circunstancias: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana al año; no pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días; no puede poner la calefacción o el aire acondicionado; no tiene dinero suficiente para tener una lavadora, un televisor, un coche o incluso un teléfono móvil;  tiene dificultad para llegar a fin de mes. Así mismo indica que los ingresos medios de los hogares españoles se redujeron un 0,21% durante el año 2015.

 

Si se disponen de datos de cada uno de los municipios en este caso se debe indicar en este espacio:

Nº de personas sin ningún tipo de prestación

Nº de personas con prestación contributiva

Nº de personas con renta activa de inserción (RAI)

Nº de personas con subsidio de desempleo

Nº de personas con prestación de desempleo por debajo del umbral de la pobreza)

Nº de personas con renta mínima de inserción (RMI)

Nº de personas en situación de desempleo.

 

Aunque las personas mayores de 65 son las que menos sufren esta situación gracias a que muchas de ellas son propietarias de sus viviendas sin significarles un gasto el alquiler o la compra, hay un 5,9 % que también se encuentran en riesgo de pobreza, pese a las políticas de jubilación universal. Y en todo caso la dependencia que la edad muchas veces trae acompañada, requiere de atenciones que hoy por hoy no siempre son cubiertas por la actual Ley de Dependencia, amén del sostén que tienen hacia muchos de sus hijos y familiares sin ingresos.

 

España dentro de su participación en el Consejo de Europa, se encuentra vinculada a la Carta Social Europea originaria y que ratificó en su totalidad en el BOE de 26 de Junio de 1980, por el protocolo adicional de 1988, que incluía entre otros el derecho a la protección de las personas ancianas (ratificada en su totalidad en el BOE de 25 abril de 2000),  y el protocolo de Enmienda de 1991, que tenía la finalidad de mejorar la eficacia de la Carta, especialmente su mecanismo de control. Sin embargo, a día de hoy, no está firmado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, ni ratificada, aunque sí firmada, la Carta Social Europea Revisada de 1996.

 

La finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros con objeto de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y la Carta Social Europea, firmados respectivamente en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en Turín el 18 de octubre de 1961 (abierta a su firma),  así como sus 4 Protocolos, los estados miembros del Consejo de Europa, entre los que se encuentra España,  convinieron garantizar a sus pueblos los derechos civiles y políticos y las libertades especificados en esos instrumentos. Garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en esos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar social.

 

En la Conferencia Ministerial sobre los Derechos del Hombre, celebrada en Roma el 5 de noviembre de 1990, se subrayó la necesidad de preservar el carácter indivisible de todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y, de dotar a la Carta Social Europea de un nuevo impulso para actualizar y adaptar el contenido teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales que se han producido con posterioridad. Así, en 1998 se decide añadir 31 nuevos derechos, todos ellos importantes para las personas de los que vamos a señalar.

 

  • Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y médica. Se comprometen a:
  • Velar que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos por otras fuentes, especialmente la vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.
  • Velar que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna de sus derechos políticos y sociales.
  • Disponer lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de los servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar.
  • Aplicar con sus nacionales a los de las restantes partes que se encuentren legalmente en su territorio a aplicar las disposiciones mencionadas anteriormente recogidas en el Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica, firmado en París el 11 de diciembre de 1953.

 

  • Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social, asegurándose de:
  • Fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social.
  • Estimular la participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de tales servicios.

 

  • Toda persona tiene derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social. Por lo que se deberá:
  • Adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrase en una situación de exclusión social o de pobreza así como de sus familias.
  • Revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario.

 

  • Toda persona tiene derecho a la vivienda. Trabajando para:
  • Favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente.
  • Prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación.
  • Hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.

 

 

Este instrumento legal vincula a España en la garantía y derechos reconocidos, y las interpretaciones que realice el Comité Europeo de Derechos Sociales. Los mecanismos de control de su cumplimiento son dos: el sistema de informes, aplicable a todos los estados que han ratificado la Carta Social Europea, originaria y/o revisada, y el procedimiento de reclamaciones colectivas que España no ha firmado. Las partes contratantes remiten al Comité Europeo de Derechos Sociales cada año un informe en el que explican cómo están observando la Carta en su país al aprobar la normativa o ejecutar una práctica. El contenido no versa sobre la totalidad de la Carta sino sobre el grupo temático correspondiente a ese año. Por esto es importante señalar que el 28 de Enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales  elaboró las Conclusiones correspondientes al Informe nº 25 presentado por España, con referencia al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, en el que se analiza la conformidad a la Carta de la normativa y práctica respecto al Grupo temático 2 relativo a la salud, seguridad social y protección social, que incluye entre otros el articulo 12 (Derecho a la seguridad social), 13 (Derecho a la asistencia social y médica) y 14 (Derecho a los beneficios de los servicios sociales) de la Carta Social Europea y 4 del Protocolo Adicional de 1998 (Derecho a la protección social de las personas ancianas), todos ellos concernientes a los compromisos asumidos por España.

 

El artículo 13 en particular obliga a los Estados a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.

 

Dicho artículo es de obligado cumplimiento a tenor de los artículos. 9, 10, y 91 de la Constitución Española y su contenido mínimo se concreta conforme a la interpretación auténtica del mismo que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales previsto en la propia Carta Social Europea.

El Estado Español incumple sus compromisos en varios aspectos que considera muy importantes y que lleva reclamando en informes anteriores y no se han subsanado en todos estos años, y el más destacado es que las prestaciones por rentas mínimas que hay implantadas en todas las comunidades autónomas no cumplen el nivel de suficiencia que exige la Carta Social Europea, así como la cuantía de las prestaciones por hijo a cargo tampoco son suficientes, al no tener en cuenta el umbral de pobreza de las familias. Cabe destacar además el incumplimiento de plazos y acuerdos adoptados en la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su disposición adicional vigésima primera, sobre el estudio para la delimitación del umbral de la pobreza y reordenación integral de las prestaciones no contributivas, se establece que: “El Gobierno, en el plazo de seis meses, realizará los estudios pertinentes que permitan delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, al objeto de reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación. Asimismo, en el plazo de un año, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema

De conformidad con las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014 por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas incumple el artículo 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión Europea EUROSTAT para España en 663,41 € por persona/mes, así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).

El informe también señala en varios momentos que el resto de prestaciones por desempleo, discapacidad, invalidez, etc., jubilaciones no contributivas y algunas contributivas, tampoco  cumplen criterios de suficiencia.

Unas prestaciones, como es el caso, que perpetúan la situación de pobreza y exclusión, no alcanzan el estándar mínimo exigible respecto de la protección de los derechos humanos sociales, violando el derecho subjetivo que le corresponde, al ser dicha norma un derecho interno a tenor del artículo 96.1 de la propia Constitución.

No podemos dejar de recordar que el propio artículo 13.1 de la Carta Social Europea impone estas obligaciones a los estados “especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social”, por lo que no cabe desentenderse del problema al considerarse la asistencia social como una competencia de las Comunidades Autónomas.

Todo este elenco de derechos y deberes es materia de orden público, e imponen obligaciones y límites a la actuación de los poderes públicos, dado que dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 de la Constitución Española) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución Española (artículo 10.2).

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, determina, entre otros aspectos, que «todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» y que «…una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (parte III.26 y 27).

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución Española, de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (sentencia del Tribunal Constitucional  61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).

El propio Tribunal Supremo, abriendo su doctrina jurisprudencial al garantismo estricto, ha declarado en la sentencia de la sala de lo civil de 18 de abril de 2016 (Ref. Id Cendoj 28079110012016100179), que en situaciones de precariedad absoluta de las familias “… en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se recogen en las sentencias citadas, debiendo ser las Administraciones Públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos”.

La interpretación efectuada de la Carta Social Europea, ya sea la originaria de Turín o la Revisada de Niza, indistintamente, es jurisprudencia invocable ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales, como ha sido reconocido en diversos pronunciamientos jurisdiccionales, como por ejemplo ya ha sucedido en sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Barcelona, de 19 de noviembre de 2013, la del juzgado de lo social 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014, o la sentencia del Juzgado de lo social 9 de las Palmas de Gran Canaria, de 31 de marzo de 2015, todas ellas referidas a la vigencia y aplicabilidad directa de la Carta Social Europea.

Ante esta situación no solo los ciudadanos se encuentran en indefensión jurídica al verse obligados a reclamar sus derechos, primero por vía administrativa hasta agotarla y luego tener que recurrir a la vía judicial y agotar todos los tribunales correspondientes hasta llegar a Europa y hacerlos cumplir, sino que también los organismos institucionales, como son los Ayuntamientos que por Ley tienen la obligación y la responsabilidad de poner en práctica la cobertura que marca el sistema de seguridad social, se ven en la realidad de hacer cumplir una ilegalidad, en base a que el derecho internacional ratificado por medio de cartas de derechos tiene jerarquía sobre las leyes nacionales.

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, y la actual situación por la que atraviesa la sociedad, resulta necesario, con el fin de garantizar el derecho de las personas, tal y como viene indicado en la Carta Social Europea, crear una Renta Básica, como derecho a la ciudadanía que garantice un ingreso a cada miembro de pleno derecho de la sociedad. Esa cantidad ascendería al importe calculado del umbral de la pobreza, obedeciendo así a un derecho individual e independiente de la situación económica y laboral que garantizaría así unos fines de bienestar social.

 

La Renta Básica permite desvincularse así de los ingresos del trabajo, recuperando para éste el sentido literal del mismo, y permitiría poner fin a aquéllos con condiciones miserables que se utilizan sólo como palanca para poder tener acceso a otros u obtener una pequeña remuneración. La Renta Básica permitiría dar soluciones, sin buscar los culpables de la misma, haciendo políticas para la unidad básica de la sociedad, sin instrumentalizar a las personas como medio para los beneficios de las grandes fuerzas financieras, que chantajean al individuo por la necesidad de cubrir un derecho.

 

Entendemos que el estudio para incorporar la Renta básica a la Seguridad Social exige cambios en la legislación de protección que unifiquen y coordinen esta medida como eje, siendo en este momento las Rentas Mínimas gestionadas a través de las Comunidades Autónomas, las que deben ajustar el cumplimiento de subsistencia de las personas que no tienen garantizados los ingresos por encima del umbral de pobreza, así como los Ayuntamientos pueden contribuir en esta transición a través de sus fondos de emergencia.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal


presenta al Pleno de la Corporación de


para debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO: Instar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la nación elabore un Plan para garantizar una Renta Básica incondicional, individual y suficiente con carácter universal que   garantice los siguientes derechos:

  • Derecho de toda persona a percibir una Renta básica
  • Ningún ciudadano o ciudadana vivirá por debajo del umbral de pobreza
  • el Sistema de Seguridad Social, como garante de igualdad en todo el territorio del estado español asumirá un cambio en la redistribución fiscal, y la reducción de la casuística de protección a través del Trabajo.

 

SEGUNDO. Instar al Gobierno central a que entre tanto se elabora el nuevo sistema de protección, es necesario que los instrumentos que hoy existen se adecúen a la exigencia de la Carta Social Europea, y por lo tanto las Rentas Mínimas deben adecuar la legislación que las da lugar a los criterios dados por la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales.

 

Coherentemente a ello exigir al Estado, y en consecuencia al Gobierno como legítimo representante de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas ante la Comisión Europea, que firme y ratifique la Carta Social Europea actual y en vigor de 1996 (España firmó la Carta Social Europea revisada el 23 de octubre de 2000 pero está pendiente su ratificación).

 

Exigir también al Estado, y en consecuencia al Gobierno, que se abra con carácter de urgencia el proceso para revisar la actual Ley de Seguridad Social y su correspondiente Real Decreto que la desarrolla, con el objeto de que se cumpla con los compromisos adquiridos al firmar y ratificar la Carta Social Europea, según interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales respecto de las exigencias a las rentas mínimas.

 

TERCERO.-  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid  una revisión de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid , y por supuesto de la normativa posterior que no ha hecho más que cercenar el derecho que no se está cumpliendo de la Carta Social Europea en materia de Rentas Mínimas, con las últimas modificaciones de aplicación, entre las que es especialmente sangrante la disminución de la cuantía cuando dos unidades perceptoras o más conviven, o reconocer como ingreso el percibido a través de la economía sumergida de la que muchas personas se ven obligadas a hacer uso. Dado el incumplimiento de la Carta Social, y la imposibilidad de la vía del protocolo de reclamaciones colectivas, se facilitará la información pública sobre la defensa jurídica de este derecho internacional firmado.

 

CUARTO que en nuestro municipio se debe garantizar por el tiempo de un año, para poder dar lugar a los cambios legislativos con protección de nuestros ciudadanos, los ingresos a las familias, a través de los fondos de emergencia, por lo que se realizará un estudio en el próximo trimestre por parte de los Servicios Sociales a través de la recogida de solicitudes y la baremación de las mismas, de cuántas familias se encuentren por debajo del umbral de pobreza, a fin de estudiar una renta de emergencia municipal que permita ponerla en activo en el segundo semestre del presente año, para las situaciones más perentorias y dar traslado de los datos encontrados tanto a la Comunidad Autónoma como al Estado.

 

Los datos de este estudio sobre la realidad de exclusión en el municipio serán públicos y se permitirá a través de ellos la participación ciudadana en la elaboración de propuestas concretas.

 

QUINTO Dar traslado de los acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados sito en (Calle Floridablanca, S/N, 28071 de Madrid)

 

SEXTO. Dar traslado de los acuerdos a la Federación Madrileña de Municipios (o la que corresponda en otros territorios) sita en Calle de la Princesa, 5, 28008 Madrid y a la Federación Española de Municipios y Provincias sita en Calle del Nuncio, 8, 28005 Madrid.

 

SEPTIMO: Dar difusión de este acuerdo plenario en todos los canales informativos y difusión del Ayuntamiento.

 

 

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