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TRÍPTICO INFORMATIVO:ALTERNATIVA TRIPTICO 2017

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FORMALIZAR LA RECLAMACIÓN DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA en todos los casos que tengan perfiles por debajo del umbral de la pobreza:

ANTECEDENTES E INSTRUCCIONES PARA COMENZAR:

 

1.- Entender esta batalla jurídica.

Los presentes procedimientos de actuación están pensados para usar una herramienta jurídica (el acceso a la administración de justicia) como un instrumento más de lucha de una batalla política más amplia y profunda por conseguir el reconocimiento de una renta básica universal y suficiente para evitar la exclusión social  y la perpetuación de la situación de pobreza.

 

La vía de ataque jurídico al actual modelo de prestaciones públicas a diversos colectivos (desempleados, jubilados, personas sin ingresos, colectivos desfavorecidos, etc) se ha abierto porque el Comité Europeo de Derechos Sociales ha determinado en su Informe sobre España del pasado 28 de enero de 2014, que la Carta Social Europea, suscrita por España, exige un nivel de protección a las personas que implica, entre otras cosas, y conforme al art 13.1 de dicha Carta, que tengan acceso a un nivel de  rentas mínimas que no se sitúe por debajo del umbral de la pobreza, lo que en la actualidad se incumple en todas las comunidades autónomas menos en Navarra y Euzkadi.

 

En realidad el Comité ha sido más comedido de lo que querríamos, y ha dicho exclusivamente que las prestaciones mínimas que ofrecen las Comunidades Autónomas no son aceptables (salvo Navarra y País Vasco) porque están muy por debajo del mínimo fijado para el umbral de la pobreza, pero ha admitido,  por encontrarlas satisfactorias, las prestaciones y subsidios de desempleo, a pesar de que muchas veces y en la práctica también están por debajo.

 

Pero si partimos de la declaración sobre rentas mínimas del Comité en su último apartado, que es la que nos interesa, conforme a esta, la interpretación de la Carta Social Europea exigiría que nadie se encuentre con rentas por debajo del umbral de la pobreza, situación que, con arreglo a las leyes españolas tanto de materia social como asistencial, no ocurre.

 

Por tanto, esta batalla jurídica toma como argumento y excusa la declaración del Comité Europeo de Derechos Sociales, dado que su interpretación de la Carta Social Europea sirve de criterio orientador de la jurisprudencia de los Estados firmantes de dicho instrumento, para apoyar una reivindicación que que es mucho más amplia que lo dicho por el Comité, e intentar acompañar (con el ruido mediático y la capacidad de aglutinar y movilizar que tiene todo el montaje jurídico y con la oportunidad que nos brinda de colocar mensajes y reivindicaciones) una acción política encaminada a romper  y desbordar el consenso soivas o no contributivas por debajo

 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que vayamos identificando otros posibles perfiles, podemos ir incorporándolos.

 

 

En todos los casos de esta estrategia jurídica, se partirá de una petición administrativa, para seguir, a partir del acto administrativo por el que nos la nieguen expresamente, o del silencio administrativo por el que se entiende denegado, el cauce jurisdiccional, hasta agotar todas las instancias legales en España (incluído el Tribunal Constitucional si llega el caso) y acudir, agotadas estas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la Carta Social forma parte del cuerpo de derechos humanos europeos), lo que quiere decir que nos tenemos que preparar para un proceso largo.

 

En realidad, la batalla que se abre con mayor claridad jurídica tiene que ver con el sistema de rentas mínimas de las Comunidades autónomas, que es la que el Comité ha denunciado.  Esto nos lleva a una larga batalla jurídica en la vía contencioso-administrativa, caracterizada por su enorme lentitud (lo más negativo y un verdadero desgaste) y con la capacidad de congestionar tanto a la administración (con el efecto escándalo que ello tiene) como a los tribunales contencioso-administrativos de infinidad de demandas que los pueden colapsar (lo cual lo podemos usar positivamente para la lucha emprendida).

 

Sin embargo, las prestaciones, tanto contributivas como no contributivas del régimen de seguridad  social, que no responden al principio de renta mínima, muchas veces están por debajo del umbral de la pobreza, y dado que la capacidad de movilización y generalización del problema es siempre mayor en estos colectivos que en el de los más vulnerables de renta mínima, hemos buscado una manera de “extender” la idea de que un principio de renta mínima por encima del umbral de la pobreza es exigible como derecho humano, para intentar usar también la lucha legal más allá de lo que dice el propio Comité.  En este caso, dado que las prestaciones son materia de la seguridad social, la ley residencia el control judicial en los juzgados de lo social y no en los de lo contencioso. Estos por lo general son más ágiles a la hora de resolver,.

 

Con ello pretendemos desbordar el carril por el que nos quieren hacer pasar y hacer de las reclamaciones ju´ricias un campo de lucha más, con la idea de acumular cuantas más reclamaciones mejor, hacer patente y desenmascarar la situación actual y, esto es lo más lento, conseguir que se vaya abriendo una sensibilidad favorable, también el lo jurídico, que sirva como una herramienta más de lucha por la renta básica universal.

 

2.- Principios de la batalla jurídica

 

            1) El principal objetivo de la instancia jurídica como herramienta de la lucha política es problematizar la situación para hacer que salte a las agendas y necesite una solución. Por ello el principal activo de la misma es la lucha colectiva y no perder de vista que el aspecto político y el compromiso de los participantes debe primar.

2) Se ha pensado para abrir frentes legales en todos los colectivos que obtengan rentas por debajo del llamado umbral de la pobreza, reclamando el cumplimiento de la Carta Social en este aspecto.

3) Se pretende desbordar a partir de llevar adelante infinidad de reclamaciones individualizadas a los aparatos administrativos y judiciales.

4) Hay que cuidar por ello una serie de aspectos: la visibilidad (presentaciones colectivas, acciones, etc.),  la pedagogía (saber explicar e interlocutar con los medios de difusión y las instancias con las que tengamos que vernos) y la formación (talleres, etc) de los participantes.

5) La idea es usar en la medida de lo posible herramientas jurídicas “colectivas”, es decir, instancias “pre-redactadas” y recursos tipo, que se facilitan a la gente implicada para que les resulte cómodo el incluirse en la lucha. Se facilitarán modelos tipo con diferentes perfiles.

6) En la medida de lo posible se acudirá a la justicia gratuita para evitar que la gente por falta de recursos económicos para litigar se quede fuera de la lucha. Al igual que en otras luchas, se facilitará a los abogados de oficio material jurídico de apoyo (estudios, demandas, etc) para facilitar la labor y unificar el mensaje político. ivas o no contributivas por debajo

 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que vayamos identificando otros posibles perfiles, podemos ir incorporándolos.

 

 

En todos los casos de esta estrategia jurídica, se partirá de una petición administrativa, para seguir, a partir del acto administrativo por el que nos la nieguen expresamente, o del silencio administrativo por el que se entiende denegado, el cauce jurisdiccional, hasta agotar todas las instancias legales en España (incluído el Tribunal Constitucional si llega el caso) y acudir, agotadas estas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la Carta Social forma parte del cuerpo de derechos humanos europeos), lo que quiere decir que nos tenemos que preparar para un proceso largo.

7) Se le debe advertir a la gente que participa del carácter político de esta lucha y de que sus mayores posibilidades de éxito están en que no se pierda éste, procurando a la vez no generar falsas expectativas.

8) Poco a poco, a medida que avance el camino ju´ricio, iremos construyendo una “mochila” de materiales jurídicos y de recursos cada vez más importante y a disposición de la lucha.

9) Debemos evaluar permanentemente el camino elegido para mejorarlo, variarlo o cambiarlo por completo conforme exijan los acontecimientos y las oportunidades políticas que se brinden.

10) Hay colectivos de lucha y luchas colectivas por rentas contributivas o no contributivas por debajo del umbral de la pobreza

 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que vayamos identificando otros posibles perfiles, podemos ir incorporándolos.

 

 

En todos los casos de esta estrategia jurídica, se partirá de una petición administrativa, para seguir, a partir del acto administrativo por el que nos la nieguen expresamente, o del silencio administrativo por el que se entiende denegado, el cauce jurisdiccional, hasta agotar todas las instancias legales en España (incluído el Tribunal Constitucional si llega el caso) y acudir, agotadas estas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la Carta Social forma parte del cuerpo de derechos humanos europeos), lo que quiere decir que nos tenemos que preparar para un proceso largo.

Aquí es donde todos sus participantes coinciden y cuentan con perfiles que se pueden incluir en esta lucha (personas con temas hipotecarios en paro o sin prestación, ocupas…) por lo que sería muy interesante compartir con ellos esta iniciativa por su gran capacidad de movilización, su larga experiencia (que nos puede servir aquí) y la afinidad de planteamientos.

 

La vía que nos facilitaría más que la Carta Social Europea pueda ser utilizada plenamente en nuestra lucha es conseguir que el Parlamento ratifique el Tercer Protocolo del Tratado de Turín (donde se establece un mecanismo de reclamación colectivo que obligaría a cumplir las recomendaciones del Comité sin tener que pasar por toda la vía judicial)

 

 

3) Protocolos por “perfiles”

 

Hemos identificado varios perfiles, eligiendo una estrategia coordinada con los otros para cada uno de ellos.

 

  1. a) Los que tienen derecho a renta mínima
  2. b) Los parados con prestaciones inferiores a la renta mínima por debajo del umbral de la pobreza
  3. c) Los perceptores de subsidios
  4. d) Los perceptores de pensiones contributivas o no contributivas por debajo del umbral de la pobreza.

 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que vayamos identificando otros posibles perfiles, podemos ir incorporándolos.

 

 

En todos los casos de esta estrategia jurídica, se partirá de una petición administrativa, para seguir, a partir del acto administrativo por el que nos la nieguen expresamente, o del silencio administrativo por el que se entiende denegado, el cauce jurisdiccional, hasta agotar todas las instancias legales en España (incluído el Tribunal Constitucional si llega el caso) y acudir, agotadas estas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la Carta Social forma parte del cuerpo de derechos humanos europeos), lo que quiere decir que nos tenemos que preparar para un proceso largo.

 

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