RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN Y EMPADRONAMIENTO

Es frecuente que familias solicitantes de Renta Mínima de Inserción (RMI) en la Comunidad de Madrid (y en otras comunidades) tengan dificultades para empadronarse, para actualizar su empadronamiento o para que éste sea reconocido, a causa de reinterpretaciones arbitrarias de las normativas vigentes.

Estas dificultades se producen en dos ámbitos institucionales:

Municipal, por denegar los servicios correspondientes la inscripción en padrón a una o varias personas pese a poder comprobar que residen efectivamente en el municipio.

Regional, cuando la Consejería de Políticas Sociales y Familia no acepta que el certificado o el volante de empadronamiento son prueba suficiente de residencia y domicilio en el municipio, solicitando documentación adicional muchas veces imposible de obtener. El marco normativo principal para manejar estas situaciones procede del Ministerio de Presidencia, Resolución 30/1/2015, de Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal (BOE 24/3/2015), junto al decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. Conocer las instrucciones técnicas, en particular, es muy importante porque establecen criterios más avanzados y flexibles que las prácticas habituales en ayuntamientos y en servicios regionales gestores de la RMI.

Dificultades para empadronarse en el municipio de residencia.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente (art. 15, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora Bases del Régimen Local).

– Las denegaciones de inscripción deben expresarse en una resolución motivada, en la que además debe constar la posibilidad de impugnación. En consecuencia no sólo pueden impugnarse alegando contra los motivos que se describan, sino también, en su caso, por ausencia de motivación clara.

– No debería excluirse de antemano la posibilidad de presentar, en determinados casos y circunstancias, demandas penales contra la persona firmante de la resolución de denegación, por obstruir el ejercicio de un deber y de un derecho. Los ayuntamientos están obligados a velar por este derecho y a ejecutar las “actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad”. Más aún, “Los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su Padrón como vecinos a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritas en el mismo” (Resolución 24/3/2015 citada y Real Decreto 1690/1986), previa audiencia a la persona interesada: no sólo deben facilitar el empadronamiento a petición de la persona afectada una vez comprobada la residencia en el municipio que corresponda, sino que deben iniciar procedimientos de empadronamiento si alguno de sus servicios localiza a personas residentes no empadronadas.

Para aceptar un empadronamiento no debe tomarse en cuenta a qué titulo se vive en determinado alojamiento, sino sólo el hecho de residir en él. Cuando, pese a haber constancia de residencia en el municipio, hay dificultades para asignar un domicilio determinado, la normativa vigente establece procedimientos flexibles para el empadronamiento. Por una vez, las normas no dan prioridad al papeleo sino a la realidad.

La citada Resolución del Ministerio de Presidencia es bastante clara:

– “El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho“. – “… tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho“.

– La posibilidad de que el Ayuntamiento solicite “título que legitime la ocupación de la vivienda” es sólo una vía de prueba para acreditar que se habita en el domicilio indicado, ya que se señalan otras posibles vías para ello, como documentos relativos a suministros de luz, agua, etc., o como “comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón”.

– “… el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio“. – “La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes“.

Este criterio desvincula el empadronamiento de cualquier título o “derecho” administrativo, pero es ignorado a veces por los servicios gestores de empadronamiento e incluso por servicios sociales municipales que no ponen en marcha la posibilidad de empadronar en “domicilios ficticios” (centros de servicios sociales u otros centros municipales), a condición de que los servicios sociales “informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar” e “indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública“.

Las situaciones habitacionales complejas son tratadas de forma diferente según el municipio, distrito, centro de servicios sociales o incluso trabajadora social, no ajustándose siempre a la Resolución del Ministerio de Presidencia. La Jefa del Departamento de Servicios Sociales de un distrito de la capital recomendó que quienes perdieran su domicilio sin alternativa habitacional estándar mantuvieran el viejo empadronamiento, lo que puede generar dificultades a las personas afectadas (ser dadas de baja por otra persona adulta que resida en su viejo domicilio, perder prestaciones sociales por falsedad en los datos suministrados, etc.). En un municipio madrileño se justificó verbalmente el rechazo de un empadronamiento por “criterios municipales no escritos”.

Hay situaciones “típicas” en las que el empadronamiento se dificulta, sin razones para ello…

a) Personas que residen en viviendas donde ya están empadronadas personas adultas que no autorizan su empadronamiento. Habitual en alquileres de habitaciones o pisos “bajo cuerda”, convivencia en el mismo domicilio de varias familias perceptoras de RMI, etc.

b) Personas acogidas en recursos de emergencia, supuestamente para pocos días, pero cuya estancia se prolonga durante meses ante la ausencia de alternativas habitacionales.

c) Personas en ocupación.

d) Personas sin techo o en espacios no habilitados para vivienda.

e) Personas sin permiso de residencia

En ninguno de estos casos está justificado negar el empadronamiento

a) Personas que residen en viviendas donde están empadronadas otras personas adultas que no autorizan su empadronamiento. En este caso es difícil conseguir el empadronamiento en el domicilio efectivo; insistir en ello puede derivar en que la persona afectada pierda ese “precario techo” si quienes conviven con ella o sus “caseros” se asustan y la echan. Sin embargo, bajo los criterios generales que marca la Resolución esta situación puede considerarse homologable al “empadronamiento de personas sin domicilio” (apartado 3.3).

En tal caso hay que reclamar a los servicios sociales que aporten un informe, para entrega en los servicios de empadronamiento, en el que se comunique:

– Que la persona que pide empadronarse reside habitualmente en el municipio (en Madrid ciudad conviene que indique también el distrito). Si hay alguna duda sobre ello, personal de los servicios sociales (trabajadoras sociales, auxiliares y técnic@s de servicios sociales, educadores sociales) podría visitar el domicilio real, sin presentarse como tal al resto de habitantes de la vivienda, caseros, etc.

– Que la dirección que debe figurar en la inscripción padronal es alguna de las que la Resolución denomina ficticias (que no falsas), por ejemplo la del centro de servicios sociales. Las comunicaciones pueden dirigirse a esa dirección, su trabajadora social deberá avisar de que han llegado; también hay personas empadronadas en un CSS pero con dirección para comunicaciones diferente (el negocio de un conocido, incluso podría ser la casa en que reside pero donde no puede empadronarse) En muchos casos esto no es fácil, pero hay que exigirlo.

Los centros de servicios sociales (CSS) están desbordados por falta de personal, pero los derechos de las personas no pueden bloquearse por carencias administrativas. Si no quieren o no pueden comprobar de alguna manera el lugar de residencia, que confíen en las personas, que tampoco tienen ninguna razón para decir que viven en un municipio si no es así.

b) Personas acogidas en recursos de emergencia permanentes o provisionales, supuestamente para pocos días, pero cuya estancia se prolonga meses ante la ausencia de alternativas habitacionales. Esta es la situación en la que la responsable del Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid reconoció que negaban e iban a seguir negando el empadronamiento. Tampoco puede admitirse, pues si las instituciones son incapaces de dar solución a las emergencias habitacionales, convirtiéndolas en crónicas, no pueden bloquear el acceso a un derecho muy importante para el ejercicio de otros derechos.

Esta situación es perfectamente homologable a los marcos físicos de alojamiento tipo “Centros de acogida, entendiendo como tales los centros destinados a proporcionar alojamiento temporal, manutención, atención psicosocial a aquellas personas que, por diversas circunstancias, se ven desplazadas de su entorno habitual o carecen de hogar” (artículo 14 Reglamento RMI), incluso cuando se trata de instalaciones provisionales que se mantienen durante meses. En la web del Ayuntamiento de Madrid se indica que para empadronamiento en este tipo de centros se requiere autorización de director(a) de dicho establecimiento y sello de la Institución en la hoja padronal. En todo caso, si no aceptan ese tipo de empadronamiento tampoco habría excusa para no llevar a cabo un empadronamiento en “dirección ficticia”.

(Un problema adicional a señalar es que los alojamientos de emergencia a los que se accede a través de los recursos de Comunidad de Madrid vía Emergencia Social en los municipios fuera de la capital frecuentemente se encuentran ubicados fuera del municipio de referencia, lo que agrava el problema dada la diferencia entre el municipio de residencia y el municipio de atención de los servicios sociales.)

c) Personas en ocupación: No hay ningún obstáculo legal a que se empadronen personas en ocupación, pues ese derecho no depende de “los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio”. Sin embargo, algunos servicios municipales de empadronamiento se empeñan en solicitar documentación imposible de obtener en situaciones de ocupación, como escritura o contrato de compraventa o contrato de arrendamiento. Esto no responde a la normativa vigente, pues, como ya se ha indicado, “Si no puede acreditar documentalmente su domicilio de residencia por carecer de título que acredite la vivienda, la residencia habitual y el domicilio en la Ciudad se podrán acreditar a través de informe de Servicios Sociales integrados en alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión o Recurso Municipal Especializado por el que esté siendo atendido, o por informe de la Policía Municipal“, como señala la web del Ayuntamiento de Madrid

d) Personas sin techo o en espacios no habilitados para vivienda Con frecuencia las personas sin techo encuentran dificultades para ser atendidas en la Red de Atención Primaria de Servicios Sociales e iniciar el proceso de empadronamiento, precisamente… por no estar empadronadas y no tener asignado por tanto ningún Centro de Servicios Sociales que pueda aportar el informe necesario para empadronamiento en el propio CSS o en lugar de presencia habitual de la persona afectada. Esto no ocurre siempre, pues hay CSS en los que sí se atienden estas situaciones, pero en otros casos se entra en un círculo vicioso.

No obstante, una de las funciones del Samur Social es precisamente la de gestionar el empadronamiento en esos casos, como vía alternativa a la de los CSS. También puede recurrirse al Servicio de Acompañamiento Social de la asociación Realidades. Pese a ser la más extrema de las situaciones de vulnerabilidad habitacional, no es aquella en la que más difícil resulta empadronarse, ya que el sistema de servicios sociales está más acostumbrado a tratar con esa situación que con las nuevas exclusiones emergidas masivamente en la última década. En lo que se refiere a las personas que viven en espacios no habilitados para vivienda, se están encontrando en ocasiones con el rechazo de empadronamiento por carencia de cédula de habitabilidad o pretextos similares; en estos momentos hay muchas personas viviendo en viejos locales comerciales no recalificados, trasteros, etc. Sin embargo,ese rechazo no está justificado porque, como indica la Resolución, la inscripción padronal es completamente independiente de “las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio“.

e) Personas sin permiso de residencia en España. No sólo tienen derecho a empadronarse sino que tienen la obligación de hacerlo. Todo obstáculo a ello debe ser rechazado apoyándose en la normativa vigente: “Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos“. Eso sí, conviene tener muy en cuenta e informar a quienes estén en esa situación de que el empadronamiento debe ser renovado cada dos años. Es necesaria documentación acreditativa de la identidad, ya sea expedida por autoridades españolas (tarjeta de identidad de extranjero, cédula de inscripción, documentos provisionales de identidad que se expiden tras admitir a trámite una solicitud de asilo) o el pasaporte del país de origen.

Es imprescindible que los ayuntamientos de la región establezcan protocolos de empadronamiento para situaciones especiales bajo el criterio de que el deber de la institución es empadronar a toda persona que tenga en el municipio su principal territorio de residencia, así como que se dé la formación adecuada a los servicios sociales y a los servicios de empadronamiento para que actúen en consecuencia con el principio de que la tarea de la institución es empadronar a toda personas residente real del municipio, no dificultarlo.

Es demasiado frecuente que la información de los ayuntamientos sobre requisitos para empadronarse sea falsa, incompleta o contradictoria, así como que se “inventen” normas locales adicionales que no corresponden con las instrucciones vigentes para toda España. Por ejemplo, la web del Ayuntamiento de Alcorcón indica como requisito obligado e ineludible aportar “Documento original que acredite el uso de la vivienda (escritura actual de propiedad, contrato de compraventa o arrendamiento en vigor -en los contratos prorrogados, deberá acompañarse el último recibo del pago del alquiler-, contrato o factura actual expedida por compañía suministradora de teléfono fijo, agua, electricidad o gas)”, ignorando las otras opciones descritas en las instrucciones del Ministerio de Presidencia, como la comprobación de domicilio por visita de la policía municipal o los servicios sociales y las referidas a personas sin domicilio fijo y la posibilidad de uso de “domicilios ficticios” (centros de servicios sociales, albergues, etc.). En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, municipio en el que vive el 49% de la población de la región, durante cierto tiempo se ignoraron en su web las situaciones especiales de empadronamiento, pero en estos momentos, tras quejas procedentes de los colectivos de iniciativa social, la web municipal recoge éstas situaciones correctamente:

Si no puede acreditar documentalmente su domicilio de residencia por carecer de título que acredite la vivienda, la residencia habitual y el domicilio en la Ciudad se podrán acreditar a través de informe de Servicios Sociales integrados en alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión o Recurso Municipal Especializado por el que esté siendo atendido, o por informe de la Policía Municipal. Si no puede acreditar documentalmente su domicilio de residencia por carecer de domicilio fijo, se podrá realizar la inscripción en un domicilio colectivo si se puede acreditar la residencia en Madrid, a través de informe de Servicios Sociales integrados en alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión o Recurso Municipal Especializado, o declaración de Entidades Colaboradoras para el Empadronamiento, previamente acreditadas por los Servicios Sociales del Distrito, por las que esté siendo atendido, desde al menos los seis últimos meses” No obstante, la redacción del apartado “Documentos que acrediten uso de la vivienda” puede confundir porque comienza afirmando que “en todos los supuestos, excepto en el caso de empadronamiento de menores no emancipados” hay que presentar facturas o contratos de suministros, o escritura o contrato de compraventa, o contrato de arrendamiento en vigor o justificantes de pago, o nota del Registro de la Propiedad, lo que puede llevar tanto a que en este punto se abandone la lectura de los requisitos por considerarse excluida como a que los propios servicios gestores de empadronamiento se empecinen en pedir esa documentación a personas que carecen de ella pero tienen pleno derecho a empadronarse.

Dificultades para obtener la RMI relacionadas con el empadronamiento

La Comunidad de Madrid está interfiriendo en las competencias municipales e incumpliendo lo ordenado por su propio Reglamento de RMI al poner obstáculos arbitrarios al reconocimiento de la residencia efectiva en la Comunidad de Madrid y sus municipios. El Reglamento establece como requisito de acceso y mantenimiento de la prestación “Residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronada en alguno de sus municipios” (art. 6.1a). El artículo 7 de dicho Reglamento establece además que: Para el reconocimiento de la prestación será necesario tener una residencia efectiva e ininterrumpida en la Comunidad de Madrid durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud. Dicho extremo se acreditará mediante alguno de los siguientes documentos:

a) Certificación o volante de empadronamiento, en el que conste la antiguedad en el municipio.

b) Informe del trabajador social del centro municipal de servicios sociales.

c) Certificación de una institución pública o privada que acredite la intervención con la persona solicitante, en territorio de la Comunidad de Madrid, durante el año inmediatamente anterior a la solicitud de la prestación.

De lo dicho en el Reglamento se concluye sin duda alguna que el certificado o volante de empadronamiento es documentación suficiente para acreditar los requisitos relacionados con la residencia, domicilio y antigüedad en la Comunidad de Madrid, pudiendo incluso en ciertos aspectos ser sustituidos por informes y certificaciones de trabajadores sociales o instituciones. Pero si hay certificado o volante de empadronamiento no se requiere más documentación en lo que a residencia se refiere.

La Comunidad de Madrid se está saltando y extralimitando, pues la competencia de acreditación de residencia es municipal; se la salta especialmente, aunque no sólo, en el caso de viviendas ocupadas en las que figure correctamente empadronada la persona solicitante o perceptora de RMI. La Ley 15/2001 y el Reglamento no establecen ninguna limitación de acceso a la RMI para las unidades de convivencia residentes en viviendas ocupadas. Esto nos fue reconocido en septiembre de 2017 a la plataforma RMI TU DERECHO por Marisa González Casado, entonces Jefa del Gabinete de la Presidenta y Directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid: – “En ningún lugar de la relación de requisitos recogidos en la Ley y el Reglamento (artículo 6 de ambos) se hace referencia a la vivienda ni al tipo de alojamiento como condición para poder percibir o no la RMI“. – “La tramitación de la RMI no supone, por lo tanto, labores inspectoras de esta situación habitacional por parte del área de Servicios Sociales”.

Esta carta está a disposición de los colectivos que la necesiten

Descarga aquí el documento completo con modelos anexos en .pdf:

documento info padrón

La dificultad está en que los obstáculos a las familias en viviendas ocupadas no se refieren explícitamente a esa condición de “ocupantes”, sino que se ponen en marcha “duplicando” la tarea municipal de comprobación del lugar de residencia, ya hecha satisfactoriamente como queda reflejado en el empadronamiento. Es habitual que se solicite documentación adicional “imposible” de aportar en esa situación, como certificados de titularidad de la propiedad de la vivienda o autorizaciones de la entidad propietaria, contratos de alquiler, etc., sin que, a diferencia de lo que ocurre en el proceso de empadronamiento, la Comunidad de Madrid admita métodos alternativos de comprobación de residencia como la visita por policía municipal o trabajadoras sociales. Aunque en cada caso individual sea conveniente obtener y aportar la documentación que pueda conseguirse vinculando a la familia afectada con su domicilio, como por ejemplo contratos de suministros que tengan esa dirección como referencia (gas, agua, luz, telefonía…), hay que oponerse a esta práctica abusiva, a través de alegaciones y recursos basados en lo establecido en el Reglamento RMI, en la competencia exclusiva municipal en cuanto a empadronamiento e incluso citando la carta de Marisa González.

Junto a esas vías de recurso y alegación, en aquellos casos en los que las personas afectadas estén de acuerdo puede resultar muy útil la difusión pública de estos abusos, por nuestros propios medios y a través de los medios de comunicación si es posible. También debe reclamarse a los gobiernos municipales una respuesta política a las interferencias en sus competencias.

Por último, de haber casos concretos con disposición a facilitar la denuncia de su situación, convendría pensar en tramitar nuevas denuncias ante el Defensor del Pueblo.

Descarga los modelos tipo anexos para cada situación:

documento info padrón

Contra el Paro y la Precariedad, Renta Básica ¡Ya!

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