VÍA SOCIAL O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

RENTAS MÍNIMAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

 

EXPTE _______________

 

 

A LA CONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA DE ……….. (O LA CONSEJERIA COMPETENTE EN CADA COMUNIDAD)

 

DON/DOÑA ___________________________, con documento de identidad número ______________ número de afiliación a la Seguridad Social ______________fecha de nacimiento___________; de nacionalidad española, con domicilio en la calle ___________________________________ de la ciudad de __________________________, código postal _____, DIGO:

 

Que con fecha _______________  solicité ______________________________________.

 

Que habiendo transcurrido el plazo legal establecido para la contestación de dicha petición, sin que la administración lo haya verificado, interpongo contra la denegación presunta por silencio RECURSO DE ALZADA, que fundamento en las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Por escrito de fecha _____________y con aportación de documentación acreditativa de mi situación,  solicité nuevo señalamiento de la prestación ________________________ que percibo, con las alegaciones que en dicho escrito refería y que obligan directamente a la administración a la aplicación de la Carta Social Europea en los términos allí expresados.

 

SEGUNDA.- Que soy perceptor/a de un una prestación no contributiva de  _____ euros mensuales, en virtud de resolución de fecha ______________ en el expediente número ______________ .

 

TERCERA.- Que la prestación que percibo, y conforme se explica en mi solicitud inicial,  es insuficiente para mantener el nivel de vida digna y segura para mí y mis cargas familiares, toda vez que no es adecuado para evitar el riesgo de pobreza y vulnerabilidad del mismo, y por ello incumple con la legalidad internacional vigente de carácter obligatorio en el estado español.

 

CUARTA.- Entrando al fondo del asunto, la legislación reguladora del derecho interesado adolece de una laguna legal en cuanto a la garantía del umbral mínimo garantizado por la Carta Social Europea y del derecho a una prestación que asegure un nivel de vida digno en función de ello.

 

QUINTA.- Sin embargo,  el artículo 13.1 de la Carta Social Europea suscrita por España y ratificada el 29 de abril de 1980 (BOE, 26 junio y 11 agosto), así como sus protocolos de 1988 y de 1991 establece la obligatoriedad y plena aplicabilidad de dicha carta social, por lo que, aún cuando la ley de seguridad social no contemple este derecho, deberíamos considerar este silencio como una mera laguna legal, integrable, precisamente porque estamos ante una materia de contenido esencial de derechos fundamentales, con la directa y plena aplicación de la referida Carta Social Europea.

 

SEXTA.- Efectivamente, el artículo referido obliga a los Estados a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.

 

Dicho artículo es de obligado cumplimiento, como hemos dicho, a tenor de los arts. 9, 10, y 91 de la CE y su contenido mínimo se concreta conforme a la interpretación auténtica del mismo que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales previsto en la propia Carta Social Europea.

 

SEPTIMA.- De conformidad con las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014  por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas incumple el art 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión europea (EUROSTAT para España en 645,33€ por persona/mes, así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).

 

Unas prestaciones, como es el caso, que perpetúan la situación de pobreza y exclusión, no alcanzan el estándar mínimo exigible respecto de la protección de los derechos humanos sociales y viola un derecho subjetivo que me corresponde, al ser derecho interno dicha norma a tenor del art. 96.1 de la propia Constitución.

 

No podemos dejar de recordar que el propio art 13.1 de la Carta Social impone estas obligaciones a los estados “especialmente vía de prestaciones de un régimen de seguridad social”, por lo que no cabe desentenderse del problema por ser de competencia de las Comunidades Autónomas la asistencia social.

 

OCTAVA.-  Todo este elenco de derechos y deberes es materia de orden público e imponen obligaciones y límites a la actuación de los poderes públicos, dado que dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE).

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, en la que se determina, entre otros aspectos, que «todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» y que «…una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (parte III.26 y 27).

 

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).
El propio TS, abriendo su doctrina jurisprudencial al garantismo estricto, ha declarado en la sentencia  de la Sala de lo civil de 18 de abril de 2016 (Ref. Id Cendoj 28079110012016100179) que en situaciones de precariedad absoluta de las familiar ” … en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se recogen en las sentencias citadas, debiendo ser las Administraciones públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos”.

 

La interpretación efectuada de la Carta Social Europea, ya sea la originaria de Turín o la Revisada de Niza, indistintamente, es jurisprudencia invocable ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales, como ha sido reconocido en diversos pronunciamientos jurisdiccionales, como por ejemplo ya ha sucedido en sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Barcelona, de 19 de noviembre de 2013, la del juzgado de lo social 3 de Barcelona de 5 de noviembre de 2014, o la sentencia del Juzgado de lo social 9 de las Palmas de Gran Canaria, de 31 de marzo de 2015, todas ellas referidas a la vigencia y aplicabilidad directa de la Carta Social europea.

 

NOVENA.- En tales circunstancias, entiendo que la prestación que percibo incumple con los stands mínimos exigibles desde la perspectiva garantista que refiero y, a su vez, incumple las exigencias y contenido mínimo del derecho consagrado en el art. 13.1 de la Referida Carta Social Europea y demás legislación internacional aplicable al caso, por lo que la norma que da cobertura a dicha prestación deviene insuficiente y contraria a derecho, debiendo la administración proporcionarme una prestación mínima por _____________ de ______ euros.

 

DECIMA – Así mismo, cumple el efecto retroactivo del nuevo señalamiento, con efectos desde la concesión de la prestación, toda vez que estamos hablando del incumplimiento por la legislación española de los mínimos exigibles de un derecho subjetivo de carácter fundamental y entendido como un derecho humano, sin perjuicio de las acciones que me puedan corresponder por los daños y perjuicios ocasionados por la responsabilidad patrimonial del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales respecto de mi persona.

 

En su virtud

 

SOLICITO se tenga por presentado este escrito y por efectuadas sus manifestaciones, por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la resolucion que dejo indicada y en méritos de todo ello, se acuerde la revocación de dicha resolución, y se dicte otra por la que accediendo a lo ineresado por esta parte, acuerde la revisión de la cuantía que percibo en concepto de prestación por hijo a cargo, por situarse por debajo del umbral de la pobreza, y el señalamiento de una prestación de 663,45 euros mensuales, con efectos retroactivos desde __de _________  de 201_, fecha en que me fue reconocido el derecho a la percepción de la misma.

 

En ______________ a __  de ___________ de 201_

 

DESCARGA AQUÍ EN .PDF:

RECURSO DE ALZADA TIPO EN CASO DE SILENCIO

 

 

NOTAS:

Los recursos contencioso administrativos se inician por medio de escrito que meramente anuncian el recurso y solicitan la remisión del expediente, con aportación de copia del acto que se recurre y que abre la vía del recurso jurisdiccional.

A pesar de ello, hemos optado por hacer un recurso “largo”, que básicamente sería la propia demanda que luego se podrá presentar una vez nos remitan el expediente, dándolo por reproducido o bien mejorándolo a la vista de lo que nos den en el expediente.

Esta opción la tomo porque de tal modo, cuando el interesado/a pida abogado de oficio y se entreviste con él, le puede llevar el tema para que lo vea ya desarrollado y tenga argumentos para no decir, como ha pasado en otros casos y en otros temas, que no se pude hacer nada.

Se trata de una demanda tipo y que sirve como ejemplo. Cada caso se puede particularizar en función de las circunstancias concretas o, incluso, de los pronunciamientos que vayan haciendo los tribunales a futuro.                                                     

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